En los medios de comunicación actuales es extraño el día en que no aparece alguna noticia relacionada con la vivienda. Ya sea por el aumento de los precios, por la reducción de la oferta de alquiler en muchos municipios catalanes o por la proliferación de redes ilegales de alquileres temporales, el debate sobre la vivienda ha llegado para quedarse y difícilmente desaparecerá en los próximos años.

El problema es real y, en muchos casos, dramático. Sin embargo, quizás deberíamos analizar si la situación puede resolverse únicamente desde el propio sector o si son necesarios elementos externos que contribuyan a reequilibrar el sistema.

Desde hace años, los estudios demográficos advierten que la población seguirá creciendo y que la concentración en las grandes capitales será cada vez mayor. Ambas tendencias se están confirmando, e incluso superando las previsiones iniciales. España ha experimentado un aumento continuo de población en los últimos años y, en el caso de Cataluña, los escenarios de proyección apuntan a un crecimiento sostenido que intensificará la demanda residencial.

Aun disponiendo con antelación de estas previsiones demográficas, no se han impulsado con suficiente intensidad otras medidas estructurales necesarias: nuevas infraestructuras que acompañen el crecimiento, redes económicas más atractivas fuera de las grandes ciudades, incentivos fiscales que faciliten el desarrollo de nuevas áreas de actividad o la creación de polos de investigación y empleo capaces de redistribuir población y oportunidades.

Es evidente que no podemos dar respuesta inmediata a la necesidad de vivienda actual. Pero lo más preocupante es que tampoco podremos resolverlo dentro de diez años, por no haber implantado hoy medidas correctoras no solo en el mercado de la vivienda sino también en otros de mayor calado.