Decreto-ley de medidas urgentes de vivienda

Decreto-ley de medidas urgentes de vivienda

Esta semana el sector ha sido bastante convulso por la aprobación del Decreto sobre medidas urgentes de vivienda, publicado en el núm. del DOGC. 7881 de 23 de mayo de 2019 Decreto Ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes en materia de contención de ingresos en los acuerdos de arrendamiento de vivienda y de modificación del libro quinto del código civil de Cataluña, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 24 de mayo de 2019.

Este decreto revela diferentes escenarios que generan tensión en el mercado inmobiliario, en primer lugar, la dialéctica entre las administraciones públicas sobre competencias en materia de vivienda y su regulación. La segunda es la dificultad de poder establecer un índice de valores y criterios estables en el mercado de alquiler.

Estas dificultades están presentes en ambos lados de la escala, por lo que, en la parte del inquilino, es decir, muchas personas quieren vivir en el mismo lugar, y esta zona geográfica no tiene potencial de crecimiento. También en la parte de los concursos inmobiliarios, la diversidad de las licitaciones, y especialmente la dispersión de la propiedad, hace que sea difícil homogeneizar los criterios.

Este decreto trata de regular los valores del alquiler, que el propio mercado no ha hecho, ni es capaz de hacerlo. Las políticas de vivienda tienen una implantación a largo plazo, por lo que no facilita cambios en las definiciones estratégicas que a menudo se producen por el cambio de las gobernanzas.

El acceso a la vivienda a través del alquiler es imprescindible lo que seguramente no es tan fácil la concentración de la demanda en partes de los territorios catalanes, porque seguramente la ciudad no está preparada para ello.

Sin duda, los gobiernos necesitarán impulsar la producción de viviendas asequibles y no actuar aleatoriamente en diferentes frentes, lo que produce incertidumbre. Esta producción de nuevos hogares sólo será posible en la colaboración público-privada.

Por otro lado, el desarrollo de las redes de movilidad entre las poblaciones catalanas facilitará la descompresión de ciertas áreas. Esta alternativa requiere una importante inversión presupuestaria, teniendo un impacto en los cuentos gubernamentales insostenibles.

Seguramente en tiempos económicos como el actual, la dificultad de la inversión por parte de la administración pública nos hace centrarnos en las medidas de impacto en el mercado, pero con poca inversión en dinero público.